En primer lugar queremos manifestar nuestra coincidencia con la propuesta del compañero y hermano Presidente Evo Morales y es por ello que decimos: ¡Aquí estamos! en Cochabamba, Bolivia, para ser parte activa de esta gran movilización mundial por nuestra Madre Tierra.
Nuestro Planeta se encuentra gravemente enfermo. Todas las formas de vida, y no solo la humana se encuentran amenazadas y éste anuncio dista de ser apocalíptico. El modelo capitalista, basado en la explotación y expoliación de la naturaleza y en la idea del progreso ilimitado, es el principal causante del desastre ambiental. Las secuelas del calentamiento global y el cambio climático que son el resultado de la aplicación de este modelo ya las estamos viviendo dramáticamente cada día: deshielo acelerado de los polos y de la montañas; huracanes, inundaciones, sequías o deslaves; islas y poblaciones costeras amenazadas por marejadas y tifones y con ser tragadas por las aguas de los mares; desertificación creciente y urbanización acelerada que invade las tierras agrícolas; migraciones forzadas de poblaciones enteras.
Para los campesinos y campesinas y las zonas rurales del mundo el cambio climático tiene un impacto directo. Las inundaciones, sequías, la alteración de los ciclos naturales de la lluvia y el surgimiento de nuevas pestes están acabando con la pequeña agricultura y ganadería que contribuyen de manera decisiva a la alimentación mayoritariamente a la humanidad.
El uso de combustibles fósiles para la obtención de energía y el modelo agrícola industrial –fuertemente controlado por un puñado de transnacionales- son las dos fuentes principales del cambio climático. Según las estadísticas, las prácticas agrícolas contribuyeron alrededor del 17 por ciento en las emisiones mundiales entre 1990 y 2005. La agricultura industrial, que promueve la deforestación y los monocultivos, contribuye sustancialmente a las emisiones de gases efecto invernadero. Los bosques y praderas ricos en carbono son convertidos en “desiertos verdes” que destruyen la biodiversidad. Pero además, al utilizar intensivamente fertilizantes y pesticidas químicos provenientes del petróleo, maquinaria y semillas transgénicas, provocan degradación del medio ambiente, la agricultura industrial contamina las fuentes de agua y causa graves daños a la salud humana.
La agricultura industrial es el “esqueleto en el armario’ de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC). Si tenemos en cuenta la producción, el tratamiento de los productos y el transporte, toda la cadena alimentaria sería la responsable de casi la mitad de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. No obstante, los países del Norte no parecen estar dispuestos a reconocer el impacto que tienen los alimentos y el sistema agrícola actual, ni la necesidad apremiante de cambiar de manera radical las políticas en alimentación.
Nuestros bosques, manglares, páramos y humedales están protegiendo al planeta del cambio climático, pues son capaces de captar grandes cantidades de CO2 de la atmósfera de forma natural. Estos ecosistemas constituyen vida y hogar de pueblos indígenas, comunidades campesinas y afrodescendientes, que hemos vivido en estos territorios desde hace mucho tiempo de manera sustentable, asegurando el equilibrio climático, local y global. Estos ecosistemas están siendo destruidos por actividades extractivas como la minería, la explotación petrolera, la conversión en monocultivos para producir agrocombustibles o productos agrícolas para la exportación. Todo esto contribuye a acelerar el cambio climático, y contamina las fuentes de agua de las que depende nuestra soberanía alimentaria y nuestra sobrevivencia.
Los países industrializados son culpables del cambio climático, pero se niegan a asumir esa responsabilidad, impulsando e imponiendo falsas soluciones que no modifican el modelo vigente y por tanto su forma de vida. Entre estas, podemos mencionar a la iniciativa REDD (Programa de las Naciones Unidas para la Reducción de las Emisiones Derivadas de la Deforestación y la Degradación Forestal en los Países en Desarrollo), los mecanismos de bonos de carbono y los proyectos de geoingeniería que son tan amenazantes como la sequía, los tornados y los nuevos patrones del clima.
Otras propuestas como la iniciativa biochar (enterrar en el suelo miles de millones de toneladas de carbón cada año),
la agricultura de laboreo cero y los transgénicos resistentes al clima son las propuestas del agronegocio y aumentarán la marginalización de los/as pequeños/as campesinos/as.
La fuerte promoción de plantaciones industriales de monocultivo y agrocombustibles como soluciones para la crisis en realidad aumentan la presión sobre la tierra agrícola. Ha llevado ya a la masiva apropiación de tierra por parte de las compañías transnacionales en los países en vías de desarrollo, expulsando a campesinos/as y a comunidades indígenas de sus territorios.
El sistema capitalista patriarcal, basado en la explotación agresiva de la naturaleza y en la valoración económica de las personas, ha provocado la explotación y el empobrecimiento de grandes sectores de la sociedad, golpeando doblemente a las mujeres pobres del campo y la ciudad. Las mujeres signadas por el rol del cuidado de las familias nos vemos obligadas a redoblar las jornadas de trabajo para sostener la producción agropecuaria y la alimentación adecuada de nuestros/as hijos/as. Resguardar nuestras tierras comunales y las semillas, conseguir alimentos sanos y nutritivos culturalmente apropiados, conservar y transmitir los saberes y prácticas tradicionales, obtener agua limpia y segura, entre otras, son tareas que hacen que las condiciones de vida de las mujeres urbano – marginales y del campo se endurezcan.
La lógica de depredación y destrucción de la Madre Naturaleza, afecta igualmente a la niñez y a la juventud, amenazando la soberanía alimentaria, nuestras culturas, nuestra salud y nuestras vidas.
Frente a la situación descrita:
Señalamos la urgencia y la necesidad de atajar la crisis del cambio climático deteniendo la agricultura industrial. Los agro-negocios no solo han contribuido enormemente a esta crisis climática, sino que también han atentado contra la vida de campesinos/as y pequeños agricultores del mundo, quienes han sido expulsados de sus tierras o han sido víctimas de mil formas de violencia por luchar por la tierra en África, Asia y América Latina. Somos los campesinos y campesinas quienes sufrimos gravemente las consecuencias del llamado libre comercio que ha ocasionado incluso el suicidio de muchos de nosotros/as en el sur de Asia. Por todo esto, el fin de la agricultura industrial es el único para abrir camino hacia delante.
Planteamos que la agricultura campesina de pequeña escala es una solución clave para el cambio climático. Contribuye a enfriar el planeta y juega un papel vital en la relocalización de economías que nos permitirán vivir en una sociedad sostenible. La producción local sostenible de alimentos utiliza menos energía, elimina la dependencia respecto a productos alimentarios animales importados y retiene carbono en la tierra al mismo tiempo que aumenta su biodiversidad. Las semillas locales se adaptan mejor a los cambios del clima que ya nos están afectando. La agricultura familiar no solamente contribuye positivamente al balance de carbono del planeta, sino que además da empleo a 2.800 millones de personas – hombres y mujeres – a lo largo del mundo y sigue siendo la mejor manera para combatir el hambre, la malnutrición y la actual crisis alimentaria. Si a los/as pequeños/as campesinos/as se les da acceso a la tierra, al agua, a la educación y a la salud y son apoyados/as con políticas que pretendan la soberanía alimentaria seguieremos alimentando el mundo y protegiendo el planeta.
Pensamos que es indispensable construir un nuevo modelo de sociedad que sustituya al modelo neoliberal extractivista, nuevo modelo que se base en la reciprocidad y el principio del ayni (solidaridad y condescendencia), que respete profundamente a la naturaleza y a los pueblos, y sea la base para la construcción de los nuevos Estados Interculturales y Plurinacionales, en el marco de una nueva sociedad que ponga en práctica los principios milenarios del Sumak Kawsay o Suma Qamaña.
Consideramos que una de las acciones ineludibles para enfrentar el cambio climático es frenar la quema de combustibles fósiles y la explotación de minerales. Necesitamos promover un cambio de matriz energética fundada en las soberanías energética y alimentaria. Para ello, la producción de energía debe estar cada vez más vinculada a las necesidades locales, bajo control comunitario y público, desarrollando tecnologías ambiental y socialmente sustentables. Pensamos que no es admisible que, con el pretexto de sustituir la energía fósil por fuentes de energía renovables, se represen los ríos para instalar hidroeléctricas o se promuevan plantaciones de caña o palma para producir agrocombustibles.
Creemos que el agua es un derecho humano, que no debe ser de propiedad privada bajo ningún concepto. El agua debe ser tratada como un patrimonio social, cultural y comunitario, más no como una mercancía, por lo cual es imperioso procesos de redistribución y desprivatización del agua para garantizar los ciclos productivos de las pequeñas y medianas agriculturas.
Sostenemos que es fundamental la redistribución de la tierra y la reforma agraria para evitar la apertura de nuevas fronteras agrícolas y el desplazamiento de campesinos/as por parte de las empresas agroindustriales y fortalecer la agricultura en pequeña escala para alcanzar la soberanía alimentaria.
Rechazamos los proyectos de forestación y reforestación con especies exóticas y monocultivos para sumideros de carbono, en nuestras tierras y territorios, pues esto nos impide conservar nuestros ecosistemas y producir alimentos, así como los monocultivos de eucaliptos, cipreses, soya, etc. por ser atentatorios para el medio ambiente, la biodiversidad y la vida humana.
Consideramos que es indispensable revalorizar los saberes y prácticas milenarias de las colectividades que han sido la garantía del equilibrio del ser humano con la naturaleza. La agricultura, practicada por los pequeños productores en todo el mundo, puede enfriar el planeta. Por ello exigimos que los Estados adopten políticas para recuperar y reproducir estos saberes impulsando la agroecología, la cual solo podrá hacerse realidad con una verdadera y profunda revolución agraria que significa la redistribución y desprivatización de la tierra y el agua, y la democratización de los medios de producción que permita garantizar la soberanía alimentaria para todos y todas.
Proponemos que ante la violencia estructural que se ejerce sobre las vidas y cuerpos de las mujeres, los hombres y mujeres debemos asumir equitativamente el cuidado de la Pacha Mama, es necesario una redistribución del trabajo, es urgente que como sociedades y como movimientos reflexionemos sobre los roles productivos y reproductivos. Los Estados deben garantizar el acceso de las mujeres a la tierra y a los recursos productivos.
Señalamos que para garantizar la protección efectiva de los recursos naturales, las zonas intangibles, los ecosistemas frágiles, la biodiversidad y la protección de la vida de los pueblos no contactados se debe prohibir la extracción minera y petrolera. Para enfrentar los cambios climáticos, los ecosistemas de Latinoamérica deben ser declarados fuentes de vida para el mundo, los cuales no podrán ser destruidos ni alterados.
Apoyamos la creación de un Tribunal Internacional de Defensa de la Naturaleza para sancionar a los responsables de los crímenes contra el medio ambiente y evitar la impunidad. Impulsaremos y seremos parte activa del referéndum mundial sobre cambio climático.
Nos sumamos al planteamiento de que las Naciones Unidas adopte una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, para que sea una herramienta que permita disminuir y evitar las emisiones de carbono, el reconocimiento de los refugiados climáticos, la conservación de ecosistemas, el ejercicio de los derechos colectivos y el respeto de los derechos de la Madre Naturaleza.
Planteamos que los países desarrollados deben reconocer y pagar la deuda histórica y climática que tienen con el planeta y crear un mecanismo financiero para apoyar a los países en desarrollo en la implementación de sus planes y programas de adaptación y mitigación de los cambios climáticos, en la conservación de sus ecosistemas y en la innovación, desarrollo y transferencia de tecnología. El aporte de los países industrializados no debe ser menor al 1 % del PIB, a lo que se debe sumar otros recursos provenientes de impuestos sobre combustibles, transacciones financieras, transporte marítimo y aéreo y bienes de empresas transnacionales.
Finalmente, rechazamos la pretensión de las potencias capitalistas que fueron las causantes del fracaso de la Conferencia sobre el Clima en Copenhague de querer imponer un “acuerdo” espurio, puesto que establecido por un puñado de países al margen del proceso legítimo de negociaciones multilaterales. Y que hoy están recurriendo al chantaje para tratar que tal imposición prospere.
